Carlos Escamilla: “Si mi hermano tuvo la culpa, que se entregue y pague las consecuencias”

En política hay silencios que pesan y palabras que incendian. Esta vez, el presidente municipal de San Felipe Orizatlán, Carlos César Pérez, decidió romper ambos durante su participación en Entre Reporteros, transmitido por Canal 2e de TV. No fue un mensaje político convencional. Fue una confesión pública, cruda, cargada de dolor personal y con implicaciones profundas para la vida pública del municipio.

“Si mi hermano tuvo la culpa, que se entregue y pague las consecuencias”.

La frase, dicha sin rodeos, marca un punto de quiebre. No solo deslinda al alcalde de los actos cometidos por su familiar; coloca, además, una línea moral clara: la responsabilidad penal es individual, incluso cuando el vínculo es de sangre. En una región donde familia, política y territorio suelen entrelazarse, la afirmación no es menor.

El conflicto que desbordó la esfera privada

Pérez reconoce el origen del conflicto: una rivalidad política que escaló, se volvió familiar y terminó en tragedia. Acepta el dolor de la familia afectada, pero también reivindica el suyo: la pérdida de su padre en la infancia, el exilio forzado, la ruptura de la vida familiar, la niñez interrumpida de su hijo y el desgaste emocional de una madre mayor. Su narrativa no busca absolución sentimental; exige precisión: “el culpable es quien cometió el acto”.

Desde su testimonio, el alcalde denuncia una desviación del caso hacia el terreno político. Afirma haber enfrentado procesos judiciales, ganado recursos legales y demostrado su inocencia cuando existió “piso parejo”. La acusación más grave no va dirigida a sus adversarios locales, sino a prácticas que —sostiene— sobreviven en el sistema judicial: influentismo, decisiones forzadas y el intento de revivir un expediente ya resuelto.

Estado de derecho bajo sospecha

El señalamiento de un juez federal que, según su versión, excedió facultades para forzar una vinculación a proceso, eleva el debate del ámbito municipal al nacional. Pérez no niega la legalidad de los recursos interpuestos por la parte acusadora; cuestiona la congruencia del procedimiento y advierte sobre el riesgo de que la justicia se convierta en instrumento de persecución política.

Aquí el discurso adquiere una dimensión mayor: ¿qué ocurre cuando un funcionario electo afirma que la ley se aplica con sesgo?, ¿qué mensaje recibe la ciudadanía cuando la justicia parece oscilar según el contexto político?

Gobernar en medio del fuego

Pese al desgaste, el alcalde insiste en seguir gobernando “con la frente en alto”. Reconoce la crítica, incluso la campaña de desprestigio —según él— encabezada por un excandidato, pero apela a la memoria colectiva del municipio: trayectorias, resultados y autoridad moral. “Hacemos cien cosas bien y una se vuelve revolución”, admite, consciente de que en el poder todo se magnifica.

Más allá del caso

La intervención de Carlos César Pérez no cierra el conflicto; lo redefine. Traslada el debate del rumor a la declaración pública, del pasillo al foro abierto. Coloca sobre la mesa temas incómodos: la politización del dolor, la fragilidad del estado de derecho y el costo humano de la disputa por el poder.

En San Felipe Orizatlán, la justicia ya no es solo un expediente; es una herida abierta que interpela a la sociedad entera. Y en esa herida, la política dejó de ser discurso para convertirse en destino.