Gobernadora de 5 años para el Estado de Hidalgo

Hidalgo tiene hoy la oportunidad de escribir una nueva página en su historia democrática. Postergarla sería, una vez más, elegir la comodidad del pasado frente al desafío del futuro.

En Hidalgo, la discusión sobre la paridad de género ha dejado de ser un asunto discursivo para convertirse, por fin, en una decisión estructural. La iniciativa presentada por la diputada Diana Rangel Zúñiga no es una reforma más al texto constitucional: es un parteaguas político, jurídico y social que coloca al Estado frente a una deuda histórica que ya no admite prórrogas ni atajos.

Durante más de un siglo de vida constitucional, Hidalgo no ha sido gobernado por una mujer. No se trata de una anécdota estadística, sino de la evidencia más cruda de un sistema político que, pese a los avances normativos, ha reproducido inercias de exclusión en el espacio de mayor poder decisorio: la gubernatura. En ese contexto, la propuesta de reformar el artículo 62 de la Constitución local para garantizar la paridad en la titularidad del Poder Ejecutivo no solo es pertinente, sino necesaria.

La iniciativa parte de un diagnóstico claro: la paridad formal no siempre se traduce en paridad real. Aunque la Constitución federal y las reformas de “Paridad en Todo” de 2019 sentaron bases sólidas, en los cargos unipersonales —como las gubernaturas— persisten mecanismos sutiles, pero eficaces, para mantener el poder en manos de los mismos actores. Hidalgo es prueba de ello.

El planteamiento de Diana Rangel Zúñiga rompe con la simulación. Propone una fórmula progresiva, jurídicamente viable y políticamente contundente: si en un periodo gobierna un hombre, el siguiente proceso electoral deberá postular exclusivamente mujeres; y si gobierna una mujer, se abre nuevamente la competencia a ambos géneros. No se trata de excluir, sino de corregir un desequilibrio estructural profundamente arraigado.

La reforma cobra aún mayor relevancia al modificar el Cuarto Transitorio del Decreto 480, que actualmente limita a dos años un eventual gobierno encabezado por una mujer. Mantener ese esquema —como lo advierte la diputada— significaría institucionalizar una paridad incompleta, un mandato recortado para la ciudadanía y una contradicción frontal con el principio que el propio Congreso ha defendido. Garantizar un periodo completo de cinco años para una gobernadora entre 2028 y 2033 no es un privilegio: es un acto de justicia democrática.

Frente a esta propuesta, resulta inevitable el contraste con iniciativas que plantean soluciones a medias, como la que propone una gubernatura femenina limitada al periodo 2028–2030. Aunque bien intencionadas, estas posturas terminan reforzando la idea de que el liderazgo de las mujeres es transitorio, experimental o condicionado, cuando lo que está en juego es su derecho pleno a ejercer el poder en igualdad de condiciones.

El llamado de Diana Rangel Zúñiga a la 66 Legislatura es, en realidad, un llamado al Congreso en su conjunto: decidir si Hidalgo quiere ser parte de la vanguardia democrática o seguir administrando el rezago bajo argumentos de prudencia política. Discutir, dictaminar y resolver esta iniciativa antes de que concluya el periodo ordinario no es solo una cuestión de tiempos legislativos, sino de responsabilidad histórica.

La paridad no se decreta para cumplir cuotas ni para responder a coyunturas electorales. Se construye con decisiones firmes que transforman la forma de hacer política y amplían la voz de quienes han sido sistemáticamente relegadas. Hidalgo tiene hoy la oportunidad de escribir una nueva página en su historia democrática. Postergarla sería, una vez más, elegir la comodidad del pasado frente al desafío del futuro.